El delegado de Urbanismo, Pablo García, ha informado este mediodía de las consecuencias urbanísticas y judiciales que provocan las edificaciones ilegales, el fenómeno parcelista y la venta de terrenos no urbanizables.
Estas actuaciones, fuera de la Ley y el planeamiento urbanístico, han generado ya 26 puntos negros de asentamientos ilegales, que están centrando, en buena medida, la labor disciplinaria y sancionadora de la Delegación de Urbanismo.
“Ante este panorama, Los Barrios, como el resto del territorio de Andalucía no es ajeno al incremento del fenómeno parcelista. En lo que va de legislatura, desde el departamento de Disciplina Urbanística se ha podido comprobar un aumento paulatino de las denuncias, construcciones ilegales y ventas fraudulentas de parcelas”
El concejal de Urbanismo ha señalado que “esto ha provocado un aumento del número de expedientes sancionadores y de restablecimiento. Prueba de ello, es que en los últimos tres años de mandato se han tramitado 192 expedientes disciplinarios; llegando a la cifra de 39, sólo en lo que va de 2022”.
El Parlamento de Andalucía ha aprobado la reciente Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que entró en vigor el pasado 23 de diciembre, para sustituir a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y de paso, simplificar los trámites urbanísticos y reducir los procesos para aprobar los planeamientos urbanísticos. Aun así, el hándicap más importante al que se enfrenta la LISTA es el fenómeno de las parcelaciones y construcciones ilegales, principal reclamación de los Ayuntamientos andaluces.
La Ley ha intentado atajar los asentamientos y construcciones ilegales simplificando la calificación, en terrenos urbanos y rústicos, y apostando por la labor de la disciplina urbanística y un régimen sancionador más severo, que conlleva sanciones más graves, de hasta 29.999 euros, que pueden incrementarse hasta en el 75% del valor del daño causado.
García ha señalado que “muchos de los expedientes urbanísticos y denuncias terminan en los Juzgados. Desde 2013 se han enviado a Fiscalía un total de 81 expedientes, algunos de los cuales han finalizado en juicio y condena, con penas de prisión y pecuniarias, e incluso con órdenes de demolición asociadas, como las que han tenido que sufrir recientemente tres inmuebles de vecinos de la localidad”.
El edil de Urbanismo recuerda que “no debemos tomarnos a broma ese problema. Todos tenemos que cumplir con la ordenación local del territorio y la legislación urbana, luchando contra los asentamientos ilegales, las escombreras y vertederos descontrolados y las construcciones prohibidas, que especialmente se concentran en 26 zonas o puntos negros del término municipal”.
La Delegación de Urbanismo ha creado un plano en el que se pueden identificar 26 puntos calientes de asentamientos y edificaciones ilegales en el término municipal de Los Barrios.
“Estos puntos negros o áreas territoriales de asentamientos ilegales de Los Barrios, que acumulan el grueso de expedientes disciplinarios y sancionadores, así como la mayor parte de denuncias de la Policía Local y la Guardia Civil son 26, destacando zonas como Benharás, Descansadero de la Coracha, El Tejar – Pasada de Jimena, Vega Magaña, y últimamente Ringo Rango, entre otras”, matiza García.
En cuanto a las sanciones y condenas judiciales. “éstas no sólo afectan a las construcciones, sino también a las parcelaciones y todas esas ventas de fincas rústicas no urbanizables, que, desde 30.000 hasta más de 120.000 euros, inundan las redes sociales, y que pueden tildarse muchas de fraudulentas y engañosas. Mucho cuidado por tanto” – advierte Pablo García, que recomienda en estos casos, antes de pagar o comprar nada, informarse muy bien de la situación de cada inmueble o terreno en la Oficina Técnica de Urbanismo.
Muchos casos terminan en los Juzgados al ser delictivos. El artículo 319 del Código Penal regula estos delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo llevados a cabo por particulares, a los que se les puede imponer penas de prisión de uno a tres años, y multas de hasta 24 meses, ordenándose incluso la demolición de lo construido o edificado a cargo aquéllos, y todo ello sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y el decomiso de las ganancias que provengan de las ventas, transformaciones o actuaciones calificadas como delito.
Las mismas penas se aplicarán también, además de la inhabilitación especial para oficio o profesión hasta 4 años, a los promotores, constructores o técnicos que hayan documentado o informado sobre las construcciones declaradas ilegales.
Pablo García advierte que “ante las ventas, parcelaciones y construcciones en terrenos rústicos no urbanizables o edificables, así como en aquéllos que gocen de especial protección, la mejor opción siempre es la Información, antes que la denuncia o el expediente disciplinario”.